SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió este miércoles una resolución que flexibiliza los requisitos para la inscripción y actualización del Registro de Proveedores del Estado.
La medida adoptada por el órgano regulador de las adquisiciones gubernamentales contempla la aceptación de documentos firmados digitalmente, conforme a los requerimientos del artículo 31 de la Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales.
Según la resolución PNP-08-2023 no será requerido adjuntar el formulario de solicitud para las solicitudes realizadas en línea y se incorporaron ajustes que simplifican varios campos de los formularios con el fin de que, tanto las personas físicas como jurídicas puedan completarlos con mayor facilidad y agilidad.
Gracias a los reajustes realizados en el Portal Transaccional, no serán rechazadas aquellas solicitudes por errores “de forma”, es decir, por error en la digitación en los nombres, direcciones o fechas de vencimiento de documentos y, en lo adelante, podrán ser subsanadas por el Departamento de Gestión de Proveedores.
Igualmente, se dispuso la eliminación del requisito de composición accionaria de empresas socias y accionistas y se estableció que la declaración simple sobre beneficiarios finales sea presentada sólo por las personas jurídicas que, dentro de su composición societaria, tengan empresas con una participación igual o superior al 10% del capital social, cuando no se pueda evidenciar mediante la nómina o lista de suscriptores quién es el beneficiario final.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que esta disposición está alineada con lo dispuesto por el Gobierno para contribuir a la simplificación de trámites y reducir la carga burocrática en las instituciones estatales.
Pimentel agregó que con estas medidas la DGCP busca reducir la tasa de rechazo y el tiempo de respuesta de las solicitudes.
Otra de las novedades dispuestas por el órgano rector, que serán adoptadas gradualmente en los próximos tres meses, tras la emisión de esta resolución, consiste en el fortalecimiento de la interoperabilidad de las bases de datos contentivas de las informaciones suministradas por las personas interesadas en hacer oferta de bienes, servicios y obras al Estado, que permitirá la verificación en línea del Registro Nacional del Contribuyente (RNC), el Registro Mercantil, así como el estatus del cumplimiento de las obligaciones fiscales (DGII) y de la Seguridad social (TSS), entre otros.
Mediante una nota de prensa, la DGCP reveló que, en lo que va de año ha tramitado 22,888 solicitudes de actualización de datos e inscripción en el RPE y que diariamente se atiende un promedio de 135 solicitudes.
