SANTO DOMINGO.-El movimiento cívico Participación Ciudadana dijo este miércoles que el 2023 encontrará al país con un “severo retraso” en la aprobación en el Congreso nacional de las reformas electorales, educativas, fiscales, seguridad social, administración pública, migración, salud y cambio climático.
En su balance del 2020, el organismo de la sociedad civil también llamó la atención sobre los retrasos en la Ley de Hidrocarburos, la reforma policial, Seguridad Ciudadana y Ley de partidos políticos.
“Siete de las propuestas de reformas fueron terminadas, pero ninguna ha sido discutida y aprobada en el Congreso Nacional”, precisó.
Lamentó que “el 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales y posiciones extremistas con relación a la migración haitiana”.
Censuró, también, “los planteamientos contrarios a la institucionalidad, como lo fue el llamado a boicotear el censo nacional, una actividad obligatoria, absolutamente necesaria, que venía organizándose desde el 2017, a un costo de miles de millones y que no debe estar sujeta a proselitismo político”.
Elecciones 2024
El documento, dado a conocer en rueda de prensa, expresa que “todo apunta hacia unas elecciones del 2024 con dos leyes ineficaces, campañas costosas y desbordadas, con mecanismos de control muy débiles y sanciones casi inexistentes a quienes violan la normativa”.
Criticó que el presidente Luis Abinader y parte de su gobierno estén “definitivamente en campaña electoral , como muestra la publicidad desbordada del gobierno, centrada en el culto a la personalidad, como siempre se ha hecho”. Asimismo, destacó que Los principales partidos de oposición ya están lanzados a las calles en una carrera sin frenos que no deja espacio para lograr acuerdos de reformas.
Censuró que el panorama político y electoral se concentre en las descalificaciones, los discursos mesiánicos, llenos de promesas vacías de contenido y carentes de valores éticos.
Consideró que los políticos del país no muestran compromisos claros con la institucionalidad y la honradez en el manejo de los recursos públicos.