España se preparaba el lunes para varios meses más de incertidumbre política, después de que las cuartas elecciones del país en otros tantos años complicaran aún más la difícil situación política. El resultado no daba a ningún partido una mayoría clara para gobernar, y la ultraderecha se convirtió en un grupo parlamentario clave por primera vez en décadas.
Los socialistas del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fueron los más votados con 120 escaños, pero se quedaron lejos de una mayoría en el Congreso de 350 diputados y necesitarán acuerdos en varios frentes si quieren gobernar.
Sánchez convocó las elecciones del domingo tras no conseguir apoyo suficiente para formar gobierno después de las elecciones en abril.
En su discurso de victoria, prometió de nuevo formar “un gobierno progresista”. Sus planes sobre cómo conseguirlo podrían conocerse tras la reunión de la ejecutiva socialista más tarde el lunes.
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En contra de las previsiones de las encuestas, Sánchez confiaba en reforzar su posición en la cámara baja, pero vio reducido su grupo parlamentario en tres escaños, mientras que el grupo más próximo, el partido de ultraizquierda Unidas Podemos, pasó de 42 a 35 puestos.
“Sánchez fracasa en su plebiscito y dificulta aún más la gobernabilidad”, era el titular de primera página del diario español El Mundo.
Tras las elecciones, los parlamentarios tendrán que elegir un presidente del Congreso en las próximas semanas. Después el rey, Felipe VI, se reunirá con los líderes de partidos para encargar a uno de ellos, probablemente a Sánchez, que intente formar un gobierno.
La otra noticia de los comicios fue el trasvase de votantes conservadores al partido de ultraderecha Vox, que consiguió 52 escaños para convertirse en la tercera fuerza de la cámara, por detrás de los socialistas y del conservador Partido Popular, que obtuvo 88 puestos.
Populistas conservadores y líderes antiinmigrantes de toda Europa celebraron los buenos resultados de Vox.
El auge del partido de ultraderecha y los avances del Partido Popular reflejaron el sentimiento nacionalista español avivado por la gestión socialista del conflicto secesionista en la región nororiental de Cataluña, la peor crisis política del país en varias décadas.
Otro motivo de descontento para algunos conservadores fue la exhumación del dictador Francisco Franco. El gobierno socialista trasladó los restos de Franco de su grandioso mausoleo para evita la exaltación de su figura en un espacio público.
La cuestión de Cataluña prometía ser clave en las negociaciones, ya que tres partidos independentistas catalanes obtuvieron entre todos 23 escaños en el parlamento nacional.
Muchos catalanes se han indignado por el fallo del Tribunal Supremo, que el mes pasado condenó a prisión nueve políticos y activistas catalanes que lideraron el intento de secesión de la región en 2017. El veredicto desencadenó enormes protestas diarias en Cataluña que dejaron más de 500 heridos, en torno a la mitad policías, y decenas de detenidos.
Independentistas radicales catalanes reanudaron las protestas el lunes cortando un importante tramo de autopista en la frontera entre Francia y España y prometieron mantener el bloqueo durante tres días.
