La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este miércoles que los denominados “intercambios de disparos” en los que han muerto presuntos delincuentes durante intervenciones policiales no constituyen una política del Estado, en momentos en que el discurso de las autoridades contra la delincuencia ha elevado el tono y generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.
Durante una entrevista en El Despertador, Raful fue confrontada con las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, quien exhortó a personas perseguidas por la justicia a entregarse y advirtió que, de no hacerlo, “les va a ir peor”.
Consultada directamente sobre qué significa que a un presunto delincuente que no se entregue “le va a ir peor”, la ministra evitó interpretar las palabras del mandatario.
“El Presidente lo dijo claramente. Yo creo que no me toca a mí interpretar sus palabras”, respondió.
Abinader había formulado la advertencia durante declaraciones públicas recientes: “Que se entreguen… si no se entregan, les va a ir peor”.
El director de la policía nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, también ha utilizado en los últimos días un discurso de firmeza frente a las personas perseguidas. El lunes exhortó a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia a entregarse y aseguró que, de lo contrario, continuarán siendo perseguidos.
“Todo aquel que sepa que ha cometido un hecho que ha dañado a la sociedad de una u otra manera, es mejor que se entregue a las autoridades”, declaró Rodríguez García, quien añadió que la Policía enfrentará a los perseguidos “en el terreno que el delincuente elija”.
El jefe policial también ha planteado que busca “revertir el temor”, de manera que sean quienes delinquen, y no los ciudadanos, quienes teman ser perseguidos por las autoridades.
“No es una política de Estado”
Frente a las preguntas sobre si las declaraciones y el número de muertes registradas en operativos reflejan un cambio en la política de seguridad, Raful sostuvo que los intercambios de disparos no forman parte de una directriz gubernamental.
La ministra señaló que la reforma policial impulsada desde el Gobierno establece como prioridades la preservación de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
En lo que va de septiembre la Policía Nacional ha reconocido la muerte de 45 personas, presumiblemente en conflicto con la ley, en intercambio de disparos.
“Todo el mundo sabe que no es una política de Estado”, afirmó al referirse específicamente a los intercambios de disparos. Sostuvo que las actuaciones de los agentes deben ser revisadas por la Inspectoría General y Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Raful defendió, sin embargo, que durante numerosos operativos los agentes son recibidos con disparos.
- Al volver sobre las palabras del presidente, explicó que lo que observa en la operatividad diaria es que a los policías “no los esperan con las manos arriba generalmente”, sino que se producen enfrentamientos que terminan en “situaciones lamentables”.
Ese argumento coincide con la posición expresada por el director policial, quien ha defendido el derecho de los agentes a proteger sus vidas cuando son atacados.
Los cuestionamientos se han intensificado debido a la sucesión de casos reportados oficialmente como intercambios de disparos y a denuncias de organizaciones de derechos humanos que reclaman investigaciones sobre las circunstancias en que se producen algunas de esas muertes.
